El voto de chilenos desde el extranjero

Han transcurrido ya más de cinco meses desde que el Gobierno propuso su reforma constitucional “para posibilitar el voto de los chilenos desde el extranjero”, y hasta el momento no se ha conocido ningún avance formal en la materia. Y así ha sido, en primer lugar, porque el Gobierno ha insistido en hacer distingos entre chilenos, tratando de configurar dos categorías de residentes en el exterior: aquellos que lo están “transitoriamente”, y aquellos que han tomado la decisión de “residir permanentemente” fuera del país.

Desde la Concertación la respuesta —desde que en 1990 el entonces diputado democratacristiano Carlos Dupré presentó el primer proyecto sobre voto de chilenos en el extranjero— ha sido categórica: no estamos dispuestos a aceptar condiciones ni requisitos que introduzcan diferencias que no están hoy establecidas en la Constitución.

Así las cosas, a estas alturas parece existir claridad en orden a que el voto de los chilenos en el exterior sólo será posible en la medida en que Gobierno y oposición alcancen algún grado de acuerdo que, sobre la base de renuncias parciales, permita reunir las voluntades de las dos terceras partes del Senado y de la Cámara de Diputados, requeridos por la Constitución para la aprobación de la reforma constitucional, y de las cuatro séptimas partes exigidas para la aprobación de la ley orgánica constitucional que regule la institución. En todo caso, estas concesiones recíprocas deberán estructurarse de modo tal que los requisitos que se establezcan no sean imposibles de cumplir, sólo favorezcan a sectores minoritarios o no tengan aplicación general.

El Gobierno enfrenta aquí una coyuntura de alta envergadura. Puede alcanzar un gran acuerdo político con la oposición, que restituya las confianzas y abra camino a un diálogo fecundo en diversas materias. O puede desechar la alternativa del diálogo y los acuerdos, para empujar a la Concertación a una oposición más dura y confrontacional, en éste y otros temas. Qué es mejor y qué es peor para el Gobierno, le corresponde a él mismo dilucidarlo. Qué es mejor para el país no requiere de mayor análisis.