martes, 29 de junio de 2010

¿Hay Estado de Derecho en Venezuela?

En la segunda mitad del siglo XX, salvo algunos períodos, Venezuela nadaba en dinero. Pese a ello, el sistema democrático funcionaba sólo en lo formal, los índices de pobreza eran muy elevados y los partidos tradicionales (Acción Democrática y COPEI) se repartían el botín estatal con mucho tesón y pocos escrúpulos. El descontento popular crecía. Los militares se embarcaron en un fallido golpe de Estado en 1992. Chávez estuvo preso dos años, fue indultado y luego accedió al poder, en 1999, mediante elecciones libres. La mayoría de la población, tradicionalmente marginada, acogió su discurso de medidas sociales y de grandes reformas. Estas últimas comenzaron por una nueva Constitución, considerada muy progresista. Cambió también el nombre del país, la bandera, el escudo nacional e incluso la hora oficial.

El resto de la historia es bien conocido: Chávez ha buscado ser un protagonista regional e internacional, ha ganado varias elecciones y se ha hecho famoso por su admiración por Fidel Castro, sus osadas declaraciones públicas y sus discursos interminables. Lamentablemente, también se ha hecho célebre por controlar todos los orondos poderes del Estado establecidos en la Constitución y por reprimir a la disidencia.

Las preguntas que se hacen hoy día los observadores internacionales son, entonces, ¿hay democracia en Venezuela?, ¿hay estado de derecho?

¿No bastaría, como creen algunos, que el régimen de Chávez haya llegado al poder por vía electoral (y ganado luego otros varios comicios) para declararlo democrático? A mi juicio, ello es suficiente para reconocer que su gobierno tiene legitimidad democrática de origen, pero no necesariamente de ejercicio. Y esto es así porque en Venezuela no ha subsistido el estado de derecho.

Esta última afirmación exige aclarar conceptos: Se suele distinguir entre estado de derecho de forma y de fondo (o material). El primero supone que las autoridades y las personas están sujetas a la ley y nadie está por encima de ella. La ley debe ser pública, predecible y aplicarse igualmente a todos. El estado de derecho de fondo o material implica, además, que las instituciones y las autoridades estén orientadas hacia el interés público y que se respeten los derechos fundamentales de todos, sin discriminación.

A partir de estas nociones, en Venezuela, antes de Chávez, hubo estado de derecho formal, pero no material. Bajo Chávez no existe estado de derecho en ninguno de las dos acepciones. Léanse las declaraciones del presidente y sus seguidores y se verá que dicho concepto tiene sentido solamente si contribuye a la realización de lo que llaman "Revolución Bolivariana" o "Socialismo del Siglo XXI". Todos estos personeros no creen en la separación de los poderes del Estado, ni en su autonomía y mutua fiscalización. Les interesan los fines, no los medios.

Desde otros países, incluido Chile, muchos defienden al régimen chavista, sea por su retórica anti-imperialista o por sus programas sociales (los cuales aplauden sin considerar su relación costo-beneficio ni su sostenibilidad). No son pocos los que lo apoyan, en el fondo, porque creen que en aras de fines últimos que consideran justos o deseables, todo está permitido. Bueno, deberían declararlo así abiertamente y no escudarse en el argumento espurio de que en Venezuela hay estado de derecho sólo porque todavía se celebran elecciones.

jueves, 24 de junio de 2010

PS y PPD

Dura condena fue realizada en consejo de líderes de partidos de centroizquierda efectuado en Nueva York:

PS y PPD apoyan informe de la Internacional Socialista que llama a reforzar oposición a Chávez

Texto califica al régimen venezolano como una "dictadura moderna" que "criminaliza" la disidencia y atenta contra los DD.HH. Documento, respaldado por el presidente PS, Fulvio Rossi, y el ex ministro PPD Sergio Bitar, desató críticas internas.

Pasado el mediodía del martes y desde Nueva York, el presidente del PS, Fulvio Rossi, escribió en su twitter un mensaje que rápidamente desató la polémica en Chile.

El senador había viajado el fin de semana para participar como uno de los dos representantes de la centroizquierda chilena en el consejo de la Internacional Socialista (IS) que tendría lugar lunes y martes, en la sede de las Naciones Unidas.

A su lado estaba el ex ministro Sergio Bitar, quien también asistía al foro a nombre del PPD, partido que presidió hasta hace un par de años.

"Informe de la Internacional Socialista recomienda de forma unánime apoyar la oposición venezolana contra Chávez", fue el mensaje que Rossi escribió en el twitter.

Con él, el parlamentario dio cuenta del apoyo que la mayoría de los líderes asistentes al encuentro -encabezado por el primer ministro griego, George Papandreou- habían dado, apenas algunos minutos antes, a un documento redactado por los miembros de una misión especial enviada por la IS a Caracas.

El texto establece una dura condena contra el régimen del Presidente Hugo Chávez, al que califica de "dictadura moderna", y acusa de emplear "temibles instrumentos de un mecanismo autoritario de nuevo tipo".

Apelando a opiniones recogidas de distintos sectores a través del trabajo desarrollado por la misión enviada a Caracas, la declaración denuncia la existencia de una serie de violaciones a los DD.HH., así como una creciente "criminalización" de las disidencias.

Polémica interna

El apoyo de los representantes chilenos al informe presentado en la cumbre internacional no dejó indiferentes a varios representantes de la izquierda en Chile, incluyendo a miembros del PS.
Utilizando el mismo medio a través del cual Rossi dio a conocer la decisión de la IS, el twitter, el senador Alejandro Navarro (MAS) y el diputado Fidel Espinoza (PS) cuestionaron la resolución del organismo internacional y el respaldo de los chilenos a ella.

"Es una vergüenza lo de la Internacional Socialista y las declaraciones de Rossi", escribió Espinoza, mientras el senador optó por un "Allende se revuelca en su tumba".

La relación de la centroizquierda chilena con el régimen de Chávez ha estado marcada por fuertes dificultades.

Aunque el mandatario venezolano cultivó una relación de simpatía con la ex presidenta Michelle Bachelet -lo que no la eximió de críticas de su colega latinoamericano-, Chávez, por ejemplo, mantuvo una permanente tensión con el gobierno de Ricardo Lagos.

Aun así y pese a que los lazos con el líder caraqueño han estado centralizados en dirigentes extraconcertación como Navarro y el PC, ni el PS ni el PPD han liderado críticas en contra de ese régimen, postura que ha sido asumida en la oposición por la DC.

Consultados sobre el tema, tanto Bitar como Rossi reafirmaron su respaldo al documento de la IS. Mientras Rossi sostuvo que "apoyo el informe, ya que se evidencian claros atropellos a los DD.HH., como el acceso a la información y la falta de autonomía de los poderes del Estado", Bitar afirmó que "nuestra postura como partido siempre ha sido de rechazo por la forma de gestión de Chávez, que ha nuestro juicio ha socavado enormemente las instituciones democráticas, generando una situación económica extremadamente compleja y que perjudica a los más pobres".

''Apoyo el informe, ya que en Venezuela se evidencian claros atropellos a derechos humanos fundamentales. Se hainstaurado el temor y el totalitarismo".
FULVIO ROSSIPRESIDENTE DEL PS

''Esta expresión ideológica que Chávez ha buscado plasmar a través de su régimen se aleja de la visión del progresismo moderno y de la socialdemocracia".
SERGIO BITAREX MINISTRO Y EX PRESIDENTE DEL PPD

''No entiendo. En NY los socialistas enjuician un gobierno como Venezuela (...) Allende se revuelca en su tumba".
ALEJANDRO NAVARROSENADOR EX PS

miércoles, 23 de junio de 2010

Gobernar no es sólo administrar la cuenta corriente

El caso de los nueve niños con tirosinemia sobrecogió a muchos que conocieron de la decisión del Ministerio de Salud de rebajar al mínimo el aporte estatal destinado a financiar la droga que se les suministraba, lo que significaba en la práctica condenarlos a una muerte segura.

Impactó que, por sobre el valor a la vida, tan presente por lo demás en el discurso público de estos mismos actores, pesara en su decisión el dato estadístico. Era más importante cuadrar y sanear la caja que enfrentar e involucrarse en la solución y acompañamiento de estos niños y sus familias. Más aun: esta decisión no habría cambiado si no hubiese sido por la fuerte campaña ciudadana que se dio entre los twitteros de la red, Facebook, un par de portales electrónicos y una radio.

Lo sucedido nos tiene que hacer reflexionar. Revela la pérdida de humanidad en nuestras políticas públicas, y ello debe movilizarnos. No es posible guardar silencio e indiferencia. Gobernar es más que administrar la cuenta corriente.

Los esfuerzos que efectuamos como país y los logros que alcanzamos como sociedad deben tener un sentido: la persona, su dignidad y su calidad de vida. No es sólo crecer por crecer, producir por producir o trabajar por trabajar. Necesitamos avanzar hacia un “desarrollo humano”, que ponga a la persona en el centro de su preocupación, donde incrementemos sus capacidades y opciones.

En base a esto, y teniendo como convicción que el crecimiento por sí solo no garantiza una sociedad mejor, surgen desafíos, por ejemplo, en torno a cómo articulamos crecimiento económico con políticas sociales efectivas, o cómo vinculamos ese crecimiento con el progreso democrático y la expansión de nuestras libertades.

Precisamente en esta línea de acción, y de profundización del pensamiento humanista cristiano en la sociedad chilena, se inscribe el surgimiento del Centro Democracia y Comunidad (CDC), que trabajará para asegurar más bienestar, oportunidades y participación para todos. En época de avances tecnológicos acelerados, de constantes cambios estructurales y del mundo laboral sujeto a modificaciones, necesitamos la ética y la fuerza integradora del humanismo.

Todos son importantes. Nadie debe quedar relegado al olvido. La CDC trabaja con la convicción más profunda de los humanistas cristianos, hombres y mujeres, que aportan a la construcción de Chile, que conciben una política bajo la conducción de liderazgos revitalizantes, que no se estancan en los instrumentos, sino que actúan por convicción.

Isapres, ¿un sistema en crisis?

Actualmente se debate ante el Tribunal Constitucional (TC) si el artículo 38 TER de la Ley de Isapres se ajusta o no a nuestra Carta Fundamental. El problema de fondo es la tabla de factores que contempla este artículo, que ha sido impugnada con la “acción de constitucionalidad”. Cabe recordar que en los distintos fallos sobre “acciones de inaplicabilidad” en que el TC se pronunció se argumentó que dicha tabla vulneraba —en esos casos concretos— los derechos constitucionales del artículo 19 números 2 y 9.

El 25 y 26 de mayo pasados, el TC escuchó las opiniones y puntos de vista de las personas, instituciones y organizaciones interesadas en intervenir en esta causa y así aportar antecedentes para decidir sobre el fondo del asunto.

Más allá de las distintas opiniones planteadas, no cabe duda de que la declaración de inconstitucionalidad tiene una naturaleza distinta a la acción de inaplicabilidad. En la primera, el control se debe realizar en abstracto y no en concreto; por tanto, se deberá considerar cuáles son todas las hipótesis en que se aplica la norma y todas éstas deberán ser inconstitucionales.

En el caso concreto, y sin perjuicio de la línea argumentativa en que se podría sustentar el fallo, se podría esperar que el Tribunal se pronuncie al menos sobre cuál es la naturaleza jurídica de las prestaciones en salud —si son o no un sistema de seguros— y si lo asegurado son riesgos en base a primas. Si es así, cabría preguntarse por qué ha de ser inconstitucional, ya que, a igual riesgo, igual prima, con lo cual no parece vulnerarse el artículo 19 N° 2 de la CPR. Otro argumento que se podría esperar en el fallo es el referido al artículo 19 N° 9. Sobre este punto, el tribunal debería pronunciarse claramente si este derecho es o no de exigibilidad disminuida y si sólo es deber del Estado otorgarlo, cuestión que queda claro en el texto constitucional, pero no en algunas de las sentencias de inaplicabilidad.

No hay dudas sobre la gran responsabilidad que recae en el TC. Sobre todo si éste cumple con las dos reglas que se autoimpuso en declaraciones de inconstitucionalidad pasadas: el principio de deferencia con el legislador y el evitar un mal mayor con la declaración de la norma.

Si en el caso particular se declara la inconstitucionalidad del 38 TER, los problemas, lejos de desaparecer, aumentarán: se deberá zanjar cuál será el efecto de esta declaración respecto de los contratos privados ya celebrados entre las isapres y particulares. Pero ése es otro debate…

martes, 22 de junio de 2010

Meritocracia: la nueva dominación tradicional

Antiguamente, aun cuando ciertos individuos no tenían muchos talentos ni aptitudes, gracias al nepotismo institucionalizado -camuflado en derecho divino y tradición- algunos incluso llegaban a ser reyes. El poder –y sobre todo la legitimidad para ejercer autoridad sobre otros- estaba relacionado con el origen, el nacimiento, la cuna, la sangre azul y otras ficciones.
La dominación carismática daba paso con la sucesión a la dominación tradicional, donde las relaciones con el soberano se determinan por la fidelidad personal, relación de linaje o clientelar(obediencia por piedad). Todo quedaba al “capricho” del líder.

Del derecho divino a la meritocracia

La llegada de las ideas ilustradas no sólo buscaba iluminar la sociedad – sacarla del estadio teológico del que hablaba Comte- sino también poner fin al poder basado en el derecho divino y las antiguas formas de dominación tradicional heredadas de la Edad Media. No por nada, la idea de democracia moderna, sufragio universal y voluntad general surgieron como únicas y legítimas formas de poder.

Así, se pensaba que la legitimidad de los gobernantes no se debía basar en ficciones como el derecho divino o mitologías de otra índole sino en la suma de las voluntades individuales de quienes los eligieran.

Lo anterior, debido a la pretensión de establecer un orden institucional impersonal, basado en criterios racionales y técnicos, trajo consigo irremediablemente la tecnificación del sistema estatal y el surgimiento de las burocracias modernas, donde se ya no se obedecería al capricho del líder, sino que a ordenaciones objetivas, legalmente estatuidas, donde incluso se fijan los medios coactivoseventualmente admisibles y el supuesto previo de su aplicación. La forma de dominación racional-legal.

Así, surge lo que Weber denominó la lógica de la meritocracia. Es decir, el acceso al poder y la institucionalidad política gracias a cualidades personales y no debido al origen, los lazos de sangre o la cercanía con el rey. Esto implica además, la separación entre patrimonio público y privado. Ya no existiría apropiación de los cargos como en los antiguos ordenamientos, por lo que no habría cargos hereditarios.

Todo lo anterior, claramente buscaba romper con la lógica de consanguinidad que imperaba en las monarquías y otrasorganizaciones sociales y políticas, para obtener un sentido racional del orden social en general. Además, se presumía que así se rompería con las estructuras elitistas y nepóticas que durante siglos habíaretroalimentado el modo de dominación tradicional.

La instrucción pública promovida por los reformadores ilustrados y liberales, buscaba ampliar el plano de competencia para el ejercicio del poder, y la “liberación mental” del pueblo, de sus antiguas cadenas basadas en el misticismo.

El ejercicio del poder ya no sería de exclusividad para los hijos de las elites, instruidos con sus tutores personales sino que para la mayoría de los ciudadanos ilustrados y que tuvieran los méritos para ello.

Ese fue el espíritu ilustrado liberal que imperó en principio y que rápidamente se expandió por las nacientes naciones.
No obstante, en la realidad muchas de las viejas formas de dominación continuaron ejerciéndose sin mayor alteración, e incluso imponiéndose a ese nuevo espíritu, garantizando la continuidad de los privilegios políticos y económicos de los antiguos detentadores del poder y su descendencia.
Algunos viejos miembros de las mal llamadas aristocracias monárquicas, aprovechando los privilegios ganados bajo el viejo orden, se unieron a los nuevos detentadores del poder y se convirtieron rápidamente en defensores del nuevo orden, siempre y cuando este no alterara sus viejas inmunidades.

Así, irremediablemente se produjo una nueva asociación entre liberales y los conservadores –que eran firmes partidarios de la destronada monarquía y de la aristocracia- que terminó por frenar el impulso libertario de los primeros, y que mantuvo la estructura de privilegios estatales contra la cual se luchó al derribar el antiguo régimen.

Rápidamente la meritocracia, y su promesa de oportunidades para todos y el fin de los privilegios, se vio pasada a llevar por las viejas -pero rearticuladas- estructuras de heredadas del viejo orden, y un sistema educativo cada vez más segmentado y eficiente en cuanto a sustentar y sedimentar la desigualdad.

Abajo la meritocracia

Si entendemos la meritocracia como un espacio neutral de competencia –sin privilegios previos- en torno a la ascensión social, basado sólo en el esfuerzo y las cualidades personales de cada uno ¿De qué meritocracia nos hablan nuestros líderes, cuando es claro que algunos ciudadanos tienen todo los medios a su alcance, y en gran parte bajo su control gracias a su origen?
Según la Primera Encuesta Nacional de la Primera Infancia, presentada por la JUNJI, UNESCO y UNICEF el jueves 15 de abril de 2010, en la Universidad Alberto Hurtado: “en los hogares de los quintiles de menores ingresos hay menos libros, menos juguetes didácticos, como también una menor valoración sobre la importancia de la educación parvularia”.

De qué meritocracia hablan, si un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez demostró que el 71 por ciento de la elite chilena estudia en los mismos colegios y el 20 por ciento de ellos ha estudiado en elSaint George.

No hay respuesta. El discurso de la meritocracia es simplemente el velo para ocultar las viejas estructuras de dominio y privilegios, retroalimentadas por las propias elites. Es la nueva forma de dominación ¿Racional, tradicional? Veamos.

El discurso de la meritocracia no sólo refuerza las posiciones privilegiadas según el origen o capital social (al darle validez a la facilidad de acceso a doctorados, estudios en el extranjero, idiomas y cargos de influencia que sólo las elites tienen) sino que camufla el carácter excluyente y no individual de éstos. Esto permite a los ya privilegiados por su origen, ampliar sus privilegios reclamando su derecho a otras dispensas, por el esfuerzo realizado.

Así, el discurso de la meritocracia, camufla la estructura de privilegios basada en el origen, que sustenta el habitus de dominio de las elites, haciéndola parecer una estructura construida a base de esfuerzo y sacrificio individual. Como los pollitos de Fra Fra.

Lo anterior, incluso sirve para desmoralizar a quienes –sin tener capital social- no logran ascender en la escala social pese a sus esfuerzos y sacrificios personales. Entonces, asumen que son excluidos por falta de méritos, y no por falta de privilegios, nexos u apellidos.

Probablemente esa misma percepción tuvo Michael Young en 1958, cuando siendo secretario del comité político del Partido Laborista, escribió su libro The Rise of the Meritocracy (1870-2033): An Essayon Education and Equality. ("La ascensión de la meritocracia"), donde planteaba su visión pesimista sobre la meritocracia.

Lo cierto es que en el caso de Chile, el discurso de la meritocracia se ha convertido en el nuevo derecho divino de las elites que –ydigámoslo- genealógicamente no han sufrido mayores alteraciones desde la independencia.

Esas elites, han decidido cuánto, cómo, dónde y a quiénes se educa. Y esas mismas elites son las que monopolizan el poder político y económico, y se atribuyen la facultad de reconocer o rechazar ciertos saberes o la forma de instrucción que se aplica sobre el resto de los ciudadanos.

Tal como el mismo Young, después decepcionado decía en un artículo titulado “Abajo la meritocracia”: “Con una increíble batería de certificados y titulaciones a su disposición, el sistema educativo ha dictado aprobación para una minoría, y un suspenso para una mayoría que no consigue brillar desde el momento en que son relegados al fondo del sistema de graduación a la edad de siete años o antes”.

Por eso. De qué meritocracia hablan, si un estudio del economista Javier Nuñez, del departamento de economía de la Universidad de Chile, llamado “Movilidad intergeneracional del ingreso en Chile”, fue claro en desmitificar el discurso de la meritocracia, al indicar que a igual formación, méritos académicos, los representantes de la clase alta tenían ingresos en un 35 % superior a los de otras clases sociales.

No por nada, Chile está entre los países con peor distribución del ingreso y mayor desigualdad de acuerdo a coeficiente de GINI, con una brecha desproporcionada entre el 5 % más rico y el 95 % restante.

La movilidad social a base del mérito es nula, si se considera que si los padres pertenecen al 20% más pobre de la población, se tiene un 31% de probabilidad de permanecer en la misma condición y un 52% de estar entre el 40% más pobre.

La meritocracia es la nueva forma de dominación tradicional.

Pinochetismo del siglo XXI

Seguramente 20 años de derrotas electorales no son nada. Probablemente, el gradual proceso de distanciamiento de la sociedad chilena con un periodo exento de garantías mínimas para la existencia de un estado de derecho puede (y debe) ser revertido. O posiblemente la mayoría añoramos los años de dictadura, pero necesitamos que otros la reivindiquen para atrevernos a salir del “armario ideológico”.

Difícil entender los supuestos que guían el comportamiento de quienes podrían creer que ha llegado el momento de arreglar cuentas con la historia, de terminar con una versión tergiversada y homogénica de los hechos del pasado. La verdad es que resulta absurdo constatar que quienes se empeñan en rehabilitar sus propios roles - olvidan que los únicos que intentaron imponer una versión oficial - fueron los que disfrutaron de un poder sin contrapeso durante 17 años. Es por eso que - a menos de cuatro meses de gobierno de la Coalición por el Cambio - las polémicas declaraciones del ex embajador en Argentina y del propio hermano de Sebastián Piñera, ni siquiera podrían responder a la necesidad de equiparar un debate que haya sido anulado con los mismos medios.

Aunque se apunte al supuesto totalitarismo moralista impuesto por los detractores de Pinochet, la versión erigida durante los últimos 20 años, ha sido una historia con derecho a réplica, una versión resistida por sectores conservadores, pero paulatinamente asumida por quienes entendieron que esta vez era la sociedad - y no los aparatos gubernamentales - la que castigaría la insistencia en justificar lo injustificable. Curioso - que a diferencia de muchos civiles que colaboraron con el régimen militar - así lo entendiera el propio ejército, al asumir con entereza el precio de la responsabilidad institucional en las violaciones a los Derechos Humanos cometidas al amparo de la dictadura.

En este contexto, la visión reivindicativa - expuesta por Miguel Otero y José Piñera - no sólo representarían un desaire para las víctimas de un régimen de fuerza, sino además revive un escenario de monopolio electoral, de desencuentro entre grandes sectores de la civilidad y las instituciones armadas, y de postergación inaceptable de la incorporación de valores humanos irrenunciables para la convivencia social. En el fondo, la relativización de hechos traumáticos para la dignidad e integridad de las personas, terminó representando el peor escenario para quienes entendieron que el voto de confianza ciudadano, se supeditaba al quiebre definitivo con las lealtades o silencios del pasado.

Ciertamente, es difícil negar la trascendencia que el régimen de Pinochet ha logrado para la institucionalidad política y la estrategia de desarrollo económico vigente en el país. Aún así, la mayoría de sus antiguos partidarios debe asumir irremediablemente - que en el Chile del siglo XXI - no se erigirán estatuas, ni referentes para rendir tributo a uno de los precursores del orden económico que se impuso en la región y el mundo. La irrupción de una sociedad más libre, crítica y desarrollada lo impide.

Bachelet 1 Piñera 1. La Roja celebra

El mundial de fútbol nos da una buena prueba de cómo la comunicación política, sus estrategias y tácticas, siguen desarrollándose aunque estemos fuera de período electoral. Vemos como el gobierno se despliega entendiendo la oportunidad, mientras que la oposición, desorientada ante el avance del adversario, no sabe como aprovechar este tipo de espacios mediáticos.

El gobierno, desde la campaña y hoy en su gestión, responde en buena medida a las lógicas del marketing y las técnicas de comunicación política. De ahí que desde La Moneda se haya diseñado consecuentemente un despliegue en el territorio del espacio público medial de muchas de sus principales figuras.

Piñera, Lavín y Kast en la delantera, ocupan el espacio del terremoto y duermen en una mediagua. En el medio campo, Von Baer, Parot, Schmidt y Golborne, distribuyen el juego desde la Vega Central. La defensa está desplegada en el entorno espacial, particularmente simbólico, de La Moneda, donde se dispone para los santiaguinos de una pantalla gigante.

El objetivo en cada uno de estos emplazamientos es claro. Acercar la gestión del gobierno a la gente con la excusa del mundial. Así, la operación de unión simbólica acerca y trata de "pegar" distintos símbolos: terremoto, mundo popular con victoria futbolística.

En definitiva, es un mensaje unitivo que está en consonancia con los objetivos políticos de gobierno, que no son otros que facilitar su gestión en estos años y preparar el terreno para lo que vendrá después. Es un trabajo que deberá ser permanente si quiere dar resultados tal como la estrategia de las clasificatorias sólo puede tener buenos efectos si se aplicó sistemáticamente y en largos plazos.

Al otro lado, la oposición se muestra sin dirección. No aprovechó eficientemente la oportunidad. Ninguna oposición, ni la concertacionista ni la extra concertacionista. No queda claro su despliegue territorial. Esto puede ser por menospreciar la oportunidad o simplemente por no saber hacerlo, es decir, como se diría en otro ámbito, es no saber manejar la pelota.

Todo eso, a pesar de recibir, como en esta ocasión, algo parecido a un "pase gol", como fue la invitación de Mayne Nichols a la ex presidenta Bachelet. Allá, ella no sólo logra posicionarse efectivamente en el espacio público medial con su sólo viaje logrando una vitrina privilegiada que le gustaría tener a cualquiera de sus adversarios. También da una conferencia de prensa, se viste de rojo, está presente, virtual y nuevamente en la Moneda a través de la pantalla gigante de la plaza de la Constitución.

Lo de Bachelet es un gol de tiro libre producto de una habilitación casi sin querer que le dio la ANFP. Aunque el gobierno reclame fuera de juego, su posicionamiento irá quedando marcado en la mente de los futboleros de la roja, como próxima a los jugadores, a sus triunfos y derrotas, a sus alegrías y tristezas, tal como si fuera una metáfora de la sociedad chilena, con terremotos y mediáticas solidaridades. Además, claro, de esas vistosas jugadas, que entre mentira y verdad, entre mito y realidad, se expresan en el coqueteo y la distancia, de los dos principales protagonistas de una teleserie que inspira a miles de erotizadas mentes chilenas como es la dupla Bielsa y Bachelet.

En todo este sentido, Bachelet logra avanzar mucho en este territorio del espacio público político y sus lógicas simbólicas, que lo que la desorientada oposición podría aspirar con testimoniales pichangas en las cafeterías del Congreso. Una acción bacheletista que alcanza a estar a la altura del despliegue concertado del gobierno en Dichato y la Vega Central.

No es fútbol, es política, la que para lograr su último objetivo, la gestión del gobierno, debe contar con sus propios intermediarios, el gol en la cancha medial, que no es otro que la aceptación y el apoyo del ciudadano.