La difícil discusión política de Hidroaysén

La difícil discusión política de HidroAysén

La Comisión de Evaluación Ambiental de la XI Región aprobó el estudio de impacto ambiental de la empresa HidroAysén para construir cinco centrales en las cuencas de los ríos Baker y Pascua, por 11 votos a favor y una abstención. Este trámite completa la primera etapa de lo que se anticipa será una dura batalla legal y administrativa que enfrentará este proyecto, y que deberá sortear con éxito antes de poder finalmente construirlo y operarlo.

En efecto, ahora el director del Servicio de Evaluación Ambiental tiene 10 días hábiles para redactar la Resolución de Calificación Ambiental, la que puede ser reclamada por los detractores del proyecto ante el Consejo de Ministros dentro de un plazo de 30 días hábiles, consejo que debe pronunciarse al respecto antes de 60 días hábiles. Pero los detractores también pueden optar por un recurso de protección ante la justicia, y todo esto sin considerar un proceso similar al de las centrales para el proyecto de las líneas de transmisión que traerá la electricidad generada a la zona central del país.

El proyecto es de gran envergadura, con una inversión que llegaría a casi ocho mil millones de dólares entre generación y transmisión; capaz de generar dos mil 750 MW de potencia e inundaría una extensión de cinco mil 900 hectáreas. Desde el anuncio de su estudio, enfrentó creciente oposición de grupos ambientalistas, apoyada por sus pares desde el exterior y traducida en campañas mediáticas sin precedentes para un proyecto de inversión chileno.

El fundamento de dicha oposición es impedir que una zona virgen de nuestro territorio, asociada al aura glamorosa que rodea al nombre Patagonia, con bosques centenarios y ríos caudalosos, sea "estropeada" por la construcción de represas y de las centrales de generación que las acompañan.

En torno a esa idea se articula la campaña "Patagonia sin represas" que los detractores del proyecto han montado, pero ella se apoya, además, en cualquier otro flanco posible -como la interferencia con el paisaje de la futura línea de transmisión, al atravesar nueve regiones y numerosos predios privados-, y en toda clase de argumentos (o subterfugios) administrativos y legales.

Los estudios de impacto ambiental y su eventual aprobación o rechazo están normados en la institucionalidad que el país se ha dado, y tienen por objetivo garantizar medidas de mitigación del impacto que dichos proyectos implican, suficientes para cumplir con los estándares establecidos. Esto requiere resolver múltiples dudas que un vasto número de servicios públicos puede plantear -en este caso, varios miles de ellas- y, una vez completado ese proceso, son sometidos a una votación por el Comité de Evaluación Ambiental y posteriormente a otra del Consejo de Ministros del Medio Ambiente. Lo anterior ilustra el carácter deliberativo y de definición política que acompaña tal proceso.

No podría ser de otra manera, porque el grado de mitigación que se puede exigir a un proyecto es variable -una vez que supera los estándares medibles de manera objetiva-, y eso supone establecer una prioridad que necesariamente es de carácter político.

En este caso, el Gobierno no ocultó su interés en que el proyecto se llevara a cabo, una vez que superó el cúmulo de dudas formuladas, porque consideró que en el actual escenario energético chileno resulta prioritario contar con energía renovable y limpia, que baje sus costos futuros y permita avanzar hacia el objetivo de alcanzar el desarrollo durante esta década. En último término, eso significó tomar la difícil definición política de valorar más, en esta etapa del desarrollo del país, la provisión de energía limpia y barata que mantener los bosques patagónicos intocados.