Perfeccionamiento de la democracia

Perfeccionamiento de la democracia

En las últimas décadas, junto a un crecimiento económico inédito, el país ha experimentado un acelerado proceso de modernización. Eso ha ocurrido también en el campo de sus instituciones, en el diseño de las políticas públicas y, en general, en la esfera social. Sin embargo, no se ha extendido a la política, en cuanto a la selección de líderes y al procesamiento de las demandas de mayor participación y reflexión interna. En estos ámbitos, las reformas han sido tímidas o su tramitación se ha prolongado más allá de la cuenta. Es el caso, por ejemplo, de la inscripción automática y del voto voluntario.

Hay voces que se inclinan por que el voto sea más bien obligatorio, pero, desde luego, parecería importante ampliar las posibilidades de que un número mayor de personas pueda votar en las elecciones. Hace bien el Presidente en pedir la rápida aprobación de esta reforma.

La agenda de profundización de la democracia -uno de los siete compromisos del Gobierno- incluye adicionalmente el envío de un proyecto de ley sobre primarias voluntarias y vinculantes, que parecen especialmente relevantes para la selección de los candidatos presidenciales. Dado que este proceso tiene un carácter de bien público, se justificaría financiar una estructura básica para que puedan llevarse a cabo en buena forma. Menos importantes son las primarias para elegir candidatos para otras elecciones, sobre todo si se quiere fortalecer a los partidos políticos. El Gobierno aspira a enviar un proyecto de ley de reforma a éstos que los haga más transparentes, democráticos y participativos.

Si tal propósito lograre satisfacerse apropiadamente, la necesidad de primarias para elegir candidatos a la Cámara o al Senado podría ser menor. En todo caso, sería conveniente que ambos proyectos ingresaran cuanto antes al Congreso.

Otro aspecto de la profundización de la democracia es el fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales.

Hace bastante tiempo que se insiste en este punto, pero en la práctica los avances son modestos, porque siempre ha prevalecido una importante desconfianza del nivel central respecto de las capacidades de los gobiernos regionales y locales.

En esto, es interesante la propuesta del Ejecutivo de extender la Alta Dirección Pública a los cargos clave de los gobiernos regionales y comunales, así como la de fortalecer los programas de capacitación para esos niveles del Estado. El diseño de políticas públicas requerirá cada vez más componentes locales, los que son muy difíciles de incorporar desde el nivel central. Por tanto, para lograr un Estado eficaz, cada vez más dichas políticas deberán terminar de definirse en las instancias regionales y locales.

Adicionalmente, el Gobierno pretende avanzar en la elección directa de los consejeros regionales. El esquema actual de elección indirecta deja mucho que desear, pero es un campo en que los parlamentarios se muestran renuentes, pues el nuevo sistema podría hacer que les surjan eventuales competidores.

Asimismo, una elección directa de tales consejeros crearía un cuadro muy diferente para la máxima autoridad regional, el intendente. Se podría plantear un conflicto de competencias que en otras democracias se resuelve eligiendo también a la máxima autoridad regional. Pero en la tradición de Estado unitario que ha caracterizado a Chile eso no parecería posible.

Desde luego, requeriría amplias reformas en instituciones como las policías, que son centralizadas -un área de reforma que requiere una gran cuota de pausada reflexión.

En todo caso, en no pocas ocasiones estas y otras iniciativas deberán sortear un difícil escenario legislativo en el Congreso, pues varias de ellas requieren quórum de ley orgánica constitucional, esto es, cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio, con el que el Ejecutivo no cuenta, a menos que medie un acuerdo político en tal sentido.