Una reforma tributaria con objetivos políticos

La propuesta del gobierno busca validar su postura en contra de la desigualdad,  pero a costa de debilitar el crecimiento y caer en inconsistencias.   

LA REFORMA tributaria que ha anunciado el gobierno representa un triunfo para quienes han impulsado desde su interior esta medida, para demostrar el compromiso de la coalición oficialista con las demandas de ciertos grupos sociales. Esta es una opción riesgosa, porque amenaza con alienar a sectores que apoyan la gestión del Ejecutivo y es previsible que choque con la expectativa de la oposición por un alza tributaria más profunda, ámbito en el cual su postura tiene larga data y puede exhibir consistencia con lo sustentado en el debate público. Mientras el primer riesgo parece por ahora descartado, debido a la serie de compromisos asumidos con los partidos de la Alianza, el segundo puede provocar que todo el esfuerzo de posicionamiento realizado por el Ejecutivo sólo sirva para exacerbar demandas y crispar el ambiente político y social. Todo indica que, en lugar de acotar y agotar en un plazo prudente la discusión sobre la reforma tributaria, como parece ser la intención de La Moneda, la propuesta podría ser el disparo inicial de una disputa de alcances impredecibles, que se proyectará hacia los procesos electorales que se avecinan.

 

Para evaluar la reforma es necesario entender que su motivación última -tal como lo han expuesto desde hace tiempo las principales autoridades del gobierno- es producir el efecto político de demostrar que una administración que se atribuye el carácter de ser de derecha es capaz de subir impuestos y financiar beneficios sociales para superar la desigualdad. Esto queda de manifiesto cuando se considera que los mayores recursos que se pretende recaudar podrían ser obtenidos promoviendo el crecimiento económico, echando mano a los ahorros existentes o reasignando fondos desde otros gastos públicos de dudosa eficacia. 

No parece beneficioso que, en ausencia de una necesidad fiscal inevitable, se aumenten los impuestos a las empresas y se arriesgue generar con ello un efecto negativo en la inversión y en la generación de empleo, las fuentes más consistentes para mejorar las condiciones de vida de las personas y asegurar los fondos públicos para abordar los problemas sociales. Las medidas planteadas exhiben, además, un grado de inconsistencia en varios de sus aspectos. El cambio propuesto para evitar el aumento en el precio de los combustibles, que busca satisfacer la condición impuesta por la UDI para dar su apoyo a la reforma global, contradice declaraciones recientes de la autoridad económica negando esta posibilidad, por el carácter regresivo de la medida y su señal equívoca en materia ambiental. También son cuestionables en ese mismo sentido los cambios que pretenden aliviar la carga tributaria de la clase media -como la reducción de las tasas marginales del global complementario o el descuento de impuestos de los gastos en educación-, plenamente justificados desde una perspectiva de contribuir a la igualdad de oportunidades, pero difíciles de defender cuando se trata de reducir las diferencias socioeconómicas.

 

Llama la atención también la relación directa que se establece entre el alza tributaria y la reforma educativa, lo que contradice una base esencial del buen manejo económico, cual es desvincular los tributos de los gastos. Se debilita así el análisis riguroso de un tema sensible  como los impuestos y se lo lleva al terreno de la emocionalidad, donde será difícil explicar por qué no se alzan impuestos para gastar más en otras áreas sensibles, como salud o vivienda.